Ante el incremento de los olores fétidos emanados por las harineras instaladas en el puerto local, la Defensoria del Pueblo volvió a intervenir solicitando una solución a las autoridades correspondientes. Las empresas deben cumplir con la ley e instalar biodigestores.
El olor nauseabundo que emanan las dos harineras que existen en el puerto local ya invade varios barrios de la ciudad. El problema tiene solución: tanto Agustiner SA como Coomarpes deberían instalar un biodigestor para el tratamiento de esos olores. Pero no lo hacen y ninguna dependencia -el control de las mismas está bajo la órbita del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)- las sanciona. Desde la Fiscalía General se las intimó a no propalar más esos aromas y además iniciaron una causa penal.
Ante el incremento de los feos olores, que se expanden más allá del puerto, y las denuncias de los vecinos, ayer volvió a intervenir la Defensoría del Pueblo. “Tanto Agustiner SA como Coomarpes deben invertir en un sistema como existe en otros lugares del mundo, porque no pueden ventear esos gases con olores tremendos”, dijo a LA CAPITAL el defensor del pueblo, Fernando Cuesta.
A su entender, el problema “no sólo afecta al puerto y a los barrios cercanos, sino que está en lugares donde nunca antes había llegado”.
Para sumar testimonios, el funcionario pidió “a los vecinos y damnificados que se acerquen a la Fiscalía General para declarar” y aseguró que las empresas están bajo el control de la OPDS, cuyas autoridades “se comprometieron a venir a la ciudad la semana que viene”, adelantó Cuesta.
El defensor del pueblo recordó que las harineras se habían comprometido públicamente a hacer “fuertes inversiones”, a partir de la instalación de un biodigestor, pero tiempo atrás las empresas se excusaron por la falta de la obra debido a que “el Consorcio del Puerto no les había cedido el terreno para la instalación del mismo”, detalló el funcionario.
Esperando a la Justicia
En la Fiscalía Federal, comandada por Daniel Adler están esperando que la Cámara de Apelaciones “se expida sobre la competencia o no en el tema desde hace dos meses”, detalló a LA CAPITAL el representante del Ministerio Público.
Es que, desde abril pasado, cuando la Fiscalía Federal presentó una medida cautelar para que se intime a las empresas mencionadas a dejar de seguir propalando olores nauseabundos, la Justicia Federal se declaró incompetente. “Estamos ante una virtual incompetencia de la Justicia Federal, ya que el juez Alejandro Castellanos se declaró incompetente. Ahora tiene que decidir la Cámara”, añadió.
A entender de Adler, las harineras no instalan el biodigestor “evidentemente por un problema de inversión, porque es claro que hay lugares en el mundo que tienen harineras y no emiten estos olores” e insistió en la necesidad que determine su competencia la Cámara de Apelaciones.
En la presentación de abril del año pasado, la Fiscalía también había pedido investigar posibles incumplimientos de parte de los funcionarios públicos encargados de impedir situaciones contaminantes.
“Llevamos mucho tiempo peleando -recordó Adler- e iniciamos una investigación penal para determinar si atrás de esto no hay una situación irregular”.
La denuncia inicial fue radicada ante la posible comisión de delitos de contaminación ambiental en concurso ideal con lesiones leves a la salud de la población, por parte de los propietarios de las fábricas de harina de pescado del puerto marplatense. También pidió investigar posibles incumplimientos y/o situaciones de venalidad de parte de los funcionarios públicos encargados de impedir situaciones contaminantes.
Contaminación ambiental
El expediente había sido iniciado en 2010 por la entonces defensora del pueblo, Beatriz Arza, caratulado “Varios vecinos de Puerto y Punta Mogotes sobre contaminación por olores en fábricas procesadoras de harina de pescado”.
Ese mismo año, comenzó a tramitar en la Fiscalía Federal N°2 un expediente, que luego de una extensa investigación, se decidió archivar contemplando que las empresas se encontraban adecuando sus procedimientos y las autoridades de contralor ejerciendo su función. “Sin embargo, la situación ha recrudecido en los últimos tiempos”, dijo Adler.
Esa situación de advertencia “ha colocado a los responsables de tales emanaciones y a quienes deben evitarla, a través del debido contralor, en una clara situación de dolo respecto de las consecuencias de sus acciones”. Ante ello, el fiscal general sostuvo que el trámite de esa investigación evidencia que “estuvieron en conocimiento de la situación y que, pese a ello, no evitaron las consecuencias dañosas que esos olores nauseabundos han provocado en el medio ambiente y en la salud, en especial la psíquica, de las personas”.
La investigación, dijo en aquel entonces, no debe centrarse sólo en los responsables de las empresas, sino que también debe indagarse sobre “posibles complicidades de las autoridades que han permitido durante estos años que esta situación se mantenga, pudiendo constituir delitos propios de funcionarios públicos”.
Los damnificados por los olores fétidos pueden ir a la declarar a la Fiscalía Federal, ubicada en la avenida Independencia 3179, de 7.30 a 13.30. En caso de tener incompatibilidad horaria, pueden comunicarse con los doctores Claudia Martínez o Carlos Martínez al 475-3275 y coordinar horarios.